En 2025 fueron asesinadas 1.568 mujeres por sus parejas o exparejas. En 10 años (de 2015 a 2025), el número de feminicidios aumentó de 449 a 1.568. En todos los años de la serie histórica hubo incremento. La mejora en los registros es un dato importante, pues significa que la policía ha venido clasificando correctamente los incidentes, pero el aumento demuestra que la violencia de género no ha disminuido, especialmente la doméstica y familiar.
En 2025 se otorgaron 1.067.556 medidas de protección de urgencia. Pero las muertes siguen ocurriendo. ¿Quiénes son las mujeres que están muriendo? En su gran mayoría (63,6%) son mujeres negras, lo que revela la desigualdad estructural en el país, el racismo, la mayor exposición de las mujeres negras a la violencia y la ausencia de políticas específicas de prevención y protección dirigidas a esas mujeres. Las mujeres son asesinadas dentro de sus casas (64,3%), lo que indica que para muchas, el hogar no es un espacio seguro.
Cada año, el Foro Brasileño de Seguridad Pública publica datos que revelan la persistencia de este fenómeno. También sabemos que las muertes, en su gran mayoría, se deben a los celos y a la no aceptación por parte del hombre de la ruptura de la relación. Es decir, no es por falta de datos y evidencia que carecemos de políticas eficaces para prevenir las muertes de mujeres.
Vivimos en una sociedad patriarcal en la cual la socialización masculina tolera y/o promueve la violencia contra las mujeres desde la infancia. Enfrentar la violencia de género requiere políticas de corto, mediano y largo plazo y compromisos serios por parte de gobernantes de todos los niveles. Los discursos no salvan vidas. Presupuesto, políticas concretas, persistentes y de largo plazo, sí.
Reducir las tasas de violencia contra las mujeres no es una tarea simple. Pero algunos países han logrado resultados significativos. España las redujo en 20% y es un país que cuenta con una ley de protección integral contra la violencia de género. La legislación española busca prevenir la violencia, apoyar a las sobrevivientes y asegurar la rendición de cuentas, además de garantizar el acceso a servicios de apoyo a las víctimas, incluidos refugios y asistencia jurídica; promueve la prevención por medio de educación y concientización e integra una perspectiva de género en las políticas públicas.
Uno de los aspectos centrales para disminuir la violencia de género es pensar a largo plazo, comenzando desde ahora. Para cambiar la cultura de la violencia es necesario adoptar medidas que brinden asistencia inmediata, contengan la violencia y promuevan la educación en género. La Ley Maria da Penha prevé, en el inciso X del artículo 8º, como medida integrada de protección, que los planes de estudio de todos los niveles educativos incluyan contenidos relativos a los derechos humanos, a la equidad de género y de raza o etnia y al problema de la violencia doméstica y familiar contra la mujer. Sin embargo, ese dispositivo se aplica poco y con ello dejamos de enseñar y debatir en las instituciones educativas el respeto a las niñas y mujeres. Esa medida es esencial para preparar a los docentes para orientar a los estudiantes, identificar situaciones de violencia tanto en el ámbito doméstico como escolar y prevenir nuevas violencias. Es una apuesta a largo plazo que contribuye a cambiar la cultura de la violencia.
ONU Mujeres, en el informe RESPECT Women (2019), propone un conjunto integrado de estrategias basadas en evidencia para prevenir la violencia contra las mujeres, organizadas en múltiples niveles de intervención. Un primer eje se concentra en las relaciones interpersonales y en los contextos de convivencia, fortaleciendo habilidades de comunicación, resolución pacífica de conflictos y toma de decisiones compartida entre parejas. También incluye acciones para hacer que escuelas, espacios públicos y ambientes de trabajo sean más seguros, reduciendo oportunidades de violencia y promoviendo culturas institucionales de respeto e igualdad.
Un segundo eje enfatiza el empoderamiento de mujeres y niñas y la reducción de vulnerabilidades estructurales. Esto implica ampliar la autonomía económica y social por medio de capacitación, acceso a ingresos, propiedad de bienes e inclusión productiva, además de garantizar servicios esenciales e integrados para las sobrevivientes —como atención policial y jurídica especializada, cuidados de salud, apoyo psicosocial, refugios y centros de crisis. El informe también destaca políticas de reducción de la pobreza y de protección social como medidas preventivas importantes, al disminuir factores de estrés económico asociados a la violencia.
Por último, el documento resalta la necesidad de interrumpir el ciclo intergeneracional de la violencia y transformar normas sociales que legitiman desigualdades de género. Para ello, recomienda prevenir abusos en la infancia y la adolescencia con programas parentales, apoyo a niños y niñas expuestos a la violencia y educación preventiva en las escuelas. Aboga, además, por la movilización comunitaria e iniciativas educativas que cuestionen estereotipos y promuevan relaciones igualitarias, articuladas a marcos legales eficaces, financiamiento adecuado, fortalecimiento institucional y compromiso político continuo.
Así, tenemos datos, evidencia y propuestas para disminuir los costos de la violencia y sus efectos en la vida de las mujeres, de sus familias y de la sociedad. Sin embargo, esto requiere compromisos sólidos y duraderos del Estado brasileño. Con el proceso electoral en curso, sería muy importante que las y los candidatos en todas las esferas asumieran propuestas serias para prevenir la violencia y los feminicidios, porque el derecho a la vida de las mujeres no puede esperar.
