Marya Marcondes, estudiante de Periodismo de la UFPR
Bajo la orientación de Rogerio Galindo
La concejala Giorgia Prates (PT) presentó a la Mesa Directiva de la Cámara Municipal de Curitiba una representación en la que solicita la apertura de un proceso por quebrantamiento del decoro parlamentario contra el concejal Guilherme Kilter (Novo). La solicitud se apoya en el Código de Ética y Decoro de la Casa y pide que la conducta del concejal sea analizada formalmente.
El episodio que motivó la acción ocurrió el 9 de marzo, en la Asamblea Legislativa del Paraná (Alep). Ese día, Kilter se dirigió a la Alep para acompañar una reunión del Consejo de Ética que discutiría representaciones que involucraban al diputado estatal Renato Freitas (PT). La sesión fue cancelada por falta de quórum, pero, de acuerdo con el relato enviado a la Cámara, el concejal permaneció en el lugar grabando videos, circulando por los pasillos y publicando críticas a diputados en las redes sociales.
La representación también menciona un altercado verbal con Renato Freitas y la exposición de parlamentarios estatales en contenidos posteriores en internet. La actuación de Kilter dentro de la Asamblea provocó reacciones públicas de diputados de diferentes partidos, que hablaron de vergüenza institucional y cuestionaron el comportamiento adoptado en las dependencias del Legislativo estatal.
En la evaluación de Giorgia Prates, el caso trasciende las divergencias políticas y abre un debate sobre los límites del mandato. Para ella, el ejercicio del cargo exige responsabilidad en el trato con otras instituciones y, cuando hay sospecha de abuso, corresponde al propio Parlamento activar los instrumentos de control previstos en el Código de Ética. La iniciativa cuenta con el apoyo de otros concejales de la oposición en Curitiba, que acompañan el trámite.
Si la Mesa Directiva entiende que la solicitud cumple con los requisitos formales, el proceso se remite a la Corregiduría de la Cámara, que queda responsable de investigar si hubo infracción ético-disciplinaria. A partir de ahí, el procedimiento puede ser archivado o seguir adelante, con derecho a la defensa del concejal y dictamen final. Las posibles sanciones van desde una censura pública hasta la pérdida del mandato, dependiendo de la tipificación y la gravedad de la conducta.
Giorgia afirma que pretende seguir de cerca el trámite interno. Según ella, la expectativa es que la Cámara trate el caso con seriedad y establezca un parámetro sobre lo que considera aceptable — o no — en la actuación de sus integrantes en relación con otras instituciones y con el uso de la visibilidad del mandato en las redes sociales.
